El caso consultado
Mediante el Oficio N° 806, de 15 de abril de 2026, el Servicio de Impuestos Internos se pronunció sobre una consulta frecuente en la planificación patrimonial de personas naturales: la posibilidad de aportar bienes raíces propios a una sociedad por acciones (SpA) sin quedar expuesto a que el Servicio ejerza su facultad de tasación conforme al artículo 64 del Código Tributario.
El consultante era una persona natural, de avanzada edad, propietaria de diversos inmuebles en Chile, que proyectaba aportarlos a una SpA de la cual sería único accionista, mediante un aumento de capital. La operación contemplaba:
- Valorizar los inmuebles al costo tributario que tenían para el aportante.
- No generar flujos de dinero para el aportante, quien recibiría a cambio acciones liberadas de pago.
- Registrar la sociedad receptora los bienes al mismo costo tributario.
El objetivo declarado era centralizar la administración de un patrimonio inmobiliario disperso, mitigar riesgos operacionales del patrimonio personal, facilitar la sucesión —considerando que los eventuales herederos incluían nietos menores de edad— y designar administradores profesionales para la sociedad.
El marco legal: artículo 64 del Código Tributario
La regla general del artículo 64 del Código Tributario faculta al SII para tasar fundadamente el precio o valor asignado a un acto, convención u operación cuando este difiera notoriamente de los valores normales de mercado, si dicho valor sirve de base para determinar un impuesto.
Sin embargo, existe una excepción relevante para las reorganizaciones empresariales:
| Requisito (incisos décimo y decimoprimero, art. 64 CT) | Contenido |
|---|---|
| Tipo de operación | Aporte de activos de cualquier clase, realizado por personas naturales o jurídicas |
| Ubicación de los bienes | Deben estar asignados dentro del territorio nacional |
| Costo tributario | Debe mantenerse el mismo costo tributario en la entidad receptora |
| Flujos de dinero | No deben originarse flujos efectivos de dinero para el aportante |
| Razón de negocios | La operación debe obedecer a una legítima razón de negocios |
Cumplidos copulativamente estos requisitos, el SII queda inhibido de ejercer su facultad de tasación sobre la operación.
Estos criterios fueron desarrollados por la Circular N° 23 de 2025 del Servicio, que precisó que la norma comprende tanto los aportes de personas naturales como de personas jurídicas, y que los activos deben traspasarse al valor tributario que tenían en la entidad de origen o al costo al que fueron adquiridos por la persona natural.
¿Qué constituye una «legítima razón de negocios»?
El punto más relevante del pronunciamiento —y el que suele generar mayor incertidumbre en la práctica— es la calificación de la legítima razón de negocios exigida por el inciso decimocuarto del artículo 64 del Código Tributario.
La norma señala, de manera no taxativa, que constituyen legítima razón de negocios finalidades como:
- Mejorar o facilitar las condiciones del negocio.
- Obtener ventajas competitivas.
- Acceder a financiamiento.
- Eliminar o mitigar costos o riesgos.
- Aumentar la capacidad productiva o la presencia en el mercado.
- Optimizar la administración de los activos.
El único requisito común a todas estas hipótesis es que la finalidad perseguida sea distinta de la meramente tributaria.
El SII fue explícito en calificar que la centralización de la administración de un patrimonio inmobiliario disperso, la mitigación de riesgos operacionales y la búsqueda de eficiencia y seguridad jurídica en la gestión patrimonial —incluyendo consideraciones sucesorias— corresponden, en principio, a objetivos que pueden calificar como legítima razón de negocios.
Una calificación provisional, sujeta a fiscalización posterior
El Oficio N° 806 es claro en advertir que su conclusión no exime al contribuyente de la revisión posterior del Servicio. La existencia de una legítima razón de negocios es, en definitiva, una circunstancia de hecho que debe ser:
- Argumentada y acreditada por el propio contribuyente.
- Evaluada considerando el conjunto de actos y contratos que conforman la reorganización, no solo el acto de aporte aislado.
- Corroborada en la instancia de fiscalización correspondiente, al momento de revisar la operación.
El SII mantiene además su facultad para verificar posteriormente la correcta determinación del costo tributario de los inmuebles, su registro contable en la sociedad receptora, y la efectiva inexistencia de flujos de dinero para el aportante.
La advertencia sobre esquemas más amplios
Un elemento especialmente relevante del oficio es su reserva final: si la operación de aporte formara parte de un esquema más amplio, no explicitado en la consulta, orientado a producir efectos tributarios distintos —el propio Servicio menciona como ejemplo un traspaso patrimonial intergeneracional con incidencia en el Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones—, dicho esquema podría analizarse conforme a la norma general antielusiva de los artículos 4° bis y siguientes del Código Tributario.
Esto significa que la inhibición de la facultad de tasación del artículo 64 respecto del acto de aporte no blinda automáticamente etapas posteriores de una planificación patrimonial o sucesoria que involucre a la sociedad receptora.
Implicancias prácticas
Para personas naturales que evalúan reorganizar su patrimonio inmobiliario mediante el aporte de bienes raíces a una sociedad, el criterio del Oficio N° 806 permite extraer recomendaciones concretas:
- Documentar la razón de negocios desde el inicio del proceso: informes de gestión patrimonial, análisis de riesgos, propuestas de administración profesional, y no solo la escritura de aporte.
- Verificar el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 64: mantención del costo tributario, ausencia de flujos de dinero y ubicación nacional de los bienes.
- Evaluar el proyecto completo, incluyendo eventuales etapas sucesorias posteriores, para anticipar un eventual análisis bajo la norma general antielusiva.
- Considerar que este pronunciamiento es un oficio no vinculante respecto de terceros, aplicable estrictamente al caso consultado, por lo que cada reorganización patrimonial debe evaluarse según sus propios hechos.
En Fraile Asesores acompañamos a personas naturales y familias en la estructuración de reorganizaciones patrimoniales y societarias, evaluando tanto los aspectos tributarios como los civiles y sucesorios involucrados.
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